La provincia registró 19 concursos de acreedores duranteel segundo trimestre del año, ocho más que en el primero
L.C. / León
En el segundo trimestre de 2012 se han registrado más de 2.200 nuevos procesos concursales –antigua suspensión de pagos–, según se desprende del seguimiento de las insolvencias judiciales en España que realiza el área de administración de riesgos de Crédito y Caución, a partir de los datos publicados en el Boletín Oficial del Estado. Estos niveles, que suponen un incremento del 18% frente a la concursalidad registrada el trimestre anterior, confirman el empeoramiento de las insolvencias judiciales por tercer trimestre consecutivo.
En la provincia de León se registraron 19 procesos concursales, lo que supone un crecimiento del 73% respecto a las 11 del primer trimestre. Por otra parte, la concursalidad empresarial está muy lejos de los 250 casos trimestrales que marcan su nivel medio a largo plazo. De cara a 2012 no hay ningún indicio que permita anticipar un descenso en estos niveles.
Las empresas españolas afrontan en estos momentos un entorno desafiante. Durante el ejercicio 2011, el comercio mundial siguió creciendo de forma vigorosa mientras la evolución de las insolvencias mantuvo marcadas diferencias por mercados. Con un mercado doméstico en contracción, la exportación constituye la principal palanca de cambio y crecimiento para las empresas españolas en 2012. En el mercado doméstico, de acuerdo con el último Barómetro de Comportamiento en Pagos, los problemas de liquidez explican cuatro de cada cinco retrasos, mientras que fuera, si este se produce, es generalmente explicable por la complejidad del proceso de pagos. En otras palabras, el mercado doméstico parece adolecer de problemas de liquidez que son menos intensos en el exterior. Las empresas españolas, acostumbradas a lidiar con altas tasas de morosidad e impago en el mercado interno, están registrando en estos momentos en sus operaciones de exportación tasas de impago más benignas.
La evolución de la estadística de los concursos es un indicador más del entorno económico, si bien sus cifras absolutas no reflejan con fidelidad el impacto en el tejido productivo. Según las estimaciones del Consejo General de Economistas Forenses, sólo el 2% de total de empresas que cesan su actividad en España lo hace a través de un concurso.
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